Editorial del Diario de Noticias de ayer
RESULTA ya casi irrelevante cuál vaya a ser el desenlace del rosario de alegaciones, allergist contraalegaciones, recursos en cadena y dictámenes judiciales con las candidaturas de la izquierda abertzale histórica como fondo. Sea cual sea el resultado final en relación a las listas de ANV o ASB que pueda adoptar esta semana el Tribunal Constitucional, la sociedad asiste estupefacta a un espectáculo bochornoso en el que se evidencian arbitrariedades, imposiciones e interpretaciones de una ley cuyo encaje en el sistema democrático es imposible. La Ley de Partidos se fraguó durante el periodo en el que el PP se movía en el terreno político de la mayoría absoluta de Aznar
. En esa tesitura, surgió en el socialismo la figura renovadora de Zapatero , que buscó notoriedad en la lucha contra el terrorismo ofreciendo al entonces presidente un pacto de Estado. Ambos partidos se comprometieron a no utilizar la lacra de la violencia como arma electoral. Pero un PSOE débil accedió a suscribir la Ley de Partidos, con la que el PP buscaba la eliminación de la actividad política de cuantos partidos, colectivos o personas pudieran tener alguna coincidencia con el sustrato ideológico de la organización terrorista. Los socialistas secundaron el proyecto desoyendo la advertencia de expertos que intuían en esa ley serios problemas de inconstitucionalidad, una redacción ambigua que le dota de un carácter excesivamente interpretativo a la hora de decidir quiénes y cómo pueden ejercer el libre y básico derecho al sufragio. En un Estado de Derecho no hay ciudadanos contaminados , una aberración democrática propia de los modelos en los que impera la falta de libertades. Que la izquierda abertzale siga empecinada en su patética negativa a rechazar el uso de la violencia como instrumento político -y el lastimoso silencio de sus portavoces-, sólo les sitúa ante su propia debilidad colectiva, en cuanto que ese proyecto político aparece cada vez más debilitado ideológicamente y minorizado socialmente. Y así, bajo la imposición antidemocrática de una ley injusta como medio de combatir la igualmente antidemocrática amenaza permanente de ETA sobre el conjunto de la sociedad, se garantiza la continuidad del estado de desestabilización y se bloquea una vez más cualquier posibilidad de solución pacífica y dialogada.