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ONGI ETORRI

Atropellos inútiles

Dic 15, 2006

El fiscal pide el archivo del «caso Egunkaria» porque no hay pruebas
·«No consta que el periódico, cialis o en suma los procesados, bronchi | hayan apoyado la acción de ETA
El fiscal Miguel Angel Carballo, que en enero solicitó mantener los procesamientos para los siete imputados en la causa, ha pedido ahora a la Audiencia Nacional el sobreseimiento provisional del «caso Egunkaria» por considerar que no existen indicios suficientes para vincular al diario euskaldun con ETA.
El representante del Ministerio Público, el mismo que en enero solicitó que se mantuvieran los procesamientos calificando a “Euskaldunon Egunkaria” como «una asociación no violenta integrada en una asociación violenta», asegura ahora que «no consta que el periódico, o en suma los procesados, hayan complementado o hayan apoyado políticamente la acción» de la organización armada. Los siete procesados son Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi, Pello Zubiria, Xabier Oleaga y Xabier Alegria.

Sin embargo, el fiscal no pide que se levante el cierre del periódico, clausurado el 20 de febrero de 2003 por orden del magistrado de la Audiencia Nacio- nal Juan del Olmo, ya que además del delito de «pertenencia a banda armada» los procesados están acusados en otra causa desglosada del sumario principal de «posibles delitos socie- tarios o contra el patrimonio». De acordar finalmente la Sala el sobreseimiento del sumario, el fiscal sugiere que esta pieza separada sea remitida a los tribunales de la CAV.

De todos modos, que la Fiscalía haya decidido no ejercer la acusación por «integración en ETA» y «asociación ilícita» contra los siete imputados no implica que no se celebre juicio por estos hechos, ya que en la causa están personadas dos acusaciones. Se trata de la AVT y de Dignidad y Justicia, cuyos portavoces han manifestado su intención de pedir a la Sala la apertura de juicio oral.

Según señala Carballo en su escrito, al inicio del procedimiento, que se abrió en 2001 «por breve querella del Ministerio Fiscal», no se pudo acreditar «ni que el periódico sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda». Ello determinó, prosigue, que el objeto del procedimiento se recondujera a averiguar «si Egunkaria SA y el periódico ‘Egunkaria’ son un instrumento del que dispondría la banda terrorista ETA para la consecución de sus fines».

«Sin embargo, ese nuevo hecho tampoco se ha constatado en la investigación o, cuando menos, el resultado de las diligencias practicadas arroja serias y razonables dudas de que ello sea así», agrega.

«Ningún documento»

Destaca que el procedimiento se inicia con un informe de la Guardia Civil sobre documentos fechados en los años 90, «paralelos a la gestación» del diario euskaldun (en 1993), al tiempo que añade que «en su mayoría» esos documentos fueron «publicados en la prensa nacional». Durante la investigación, concluye Carballo, no se ha encontrado «documento alguno de fecha posterior que sostenga las conclusiones incriminatorias del procesamiento».«A lo sumo puede decirse que se ocupan documentos a miembros de ETA en los que se deduce interés del grupo armado en el periódico», apunta, y a renglón seguido resalta que «una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada (…) y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa».

El fiscal también dice que durante toda la trayectoria de “Euskaldunon Egunkaria”, que se prolongó por diez años, «no se encuentra ni una sola noticia, editorial o artículo» que denote que sus responsables participaron de «un desdoblamiento político-social, del deseo de aglutinar población en torno a ETA».

El operativo contra el diario euskaldun se produjo hace casi tres años y diez meses, cuando decenas de agentes de la Guardia Civil arrestaron a un total de diez personas, irrumpieron en las delegaciones del periódico, las registraron durante horas y clausuraron las instalaciones. Varios de los detenidos denunciaron haber sido víctimas de torturas durante el periodo de incomunicación.