PATXI LOPEZ (Secretario general del PSE-EE): tras «acatar» la decisión adoptada por el tribunal, discount el dirigente del PSE ha declarado que la prisión atenuada (petición que se realizó por parte de la Fiscalía) no suponía hacer «ninguna dejación ni cesión a un chantaje», sino ofrecer unas condiciones de prisión «que podrían evitar la muerte» y que «ateniéndose a los hechos», la decisión no resulta «la más acertada». López ha recordado que la condena por la publicación de dos artículos en el diario GARA le pareció «desproporcionada», que muchos juristas consideran que no existió delito y que su sentencia actual «es no firme». En ese sentido se ha preguntado «¿qué pasaría si la sentencia firme es absolutoria o es menor del tiempo que ya ha cumplido por esos dos artículos? Creo que el Estado, sin hacer dejación de lo que es la firmeza y la responsabilidad podía haber adoptado esa otra decisión, que no es dejarlo en libertad, y haber tenido la libertad de salvar esa vida», ha insistido.
ODON ELORZA (alcalde socialista de Donostia): lamenta «profundamente» la decisión de mantener en prisión a su convecino, tanto por «razones humanitarias» como «desde la política», ya que consideró que es «errónea, máxime teniendo en cuenta que cumple una pena preventiva de prisión».
MIGUEL BUEN (secretario general del PSE en Gipuzkoa): recordó también que el prisionero político donostiarra ya «cumplió su condena» y que «por encima de todo, hay que preservar la vida de las personas aunque sea un criminal». Añadió que, a su parecer, el Estado «no puede ser vengativo» porque sino «deja de ser justo».
GASPAR LLAMAZARES (coordinador general de IU): tras reiterar el respeto que profesan a las resoluciones judiciales, declaró que «éste no es un caso específico», y reconoció que «se ha convertido en una cuestión especial, una cuestión política y quizá la decisión tenga también ese componente».
FRANCISCO RODRIGUEZ (portavoz del BNG gallego): lamentó que «la intolerancia que se ha impuesto en este caso» haya impedido que se atenúen las condiciones del donostiarra, ya que, a su entender, «tiene derecho a ser tratado con ecuanimidad». Advirtió que de agravarse el estado de De Juana será producto de «una intolerancia que no tiene sentido ninguno».
IÑIGO URKULLI (PNV): «Nos preocupa que haya una interpretación sesgada de las razones humanitarias y que además se apliquen regímenes de excepcionalidad política. Mostramos nuestra preocupación porque no se atienda a la propia legislación. Aun tratándose de una persona que ha cometido gravísimos y horribles delitos, creemos que ha cumplido en lo relativo a esos delitos la pena correspondiente, para bien o para mal».
UNAI ZIARRETA (EA): «La Audiencia Nacional, intencionadamente, ha tomado una decisión de consecuencias imprevisibles para el proceso de paz. Con el mantenimiento en prisión, obvia los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con la línea del PP. Ha primado la decisión política para así condicionar el proceso de normalización. Esta decisión pone en entredicho la vigencia de los valores democráticos».
GERMAN KORTABARRIA (sindicato ELA): «El auto de la Audiencia Nacional es una muestra extrema de crueldad togada. La decisión de que Iñaki de Juana no vea la calle se consensuó hace tiempo en ámbitos políticos, judiciales y mediáticos; es una decisión que no tiene nada que ver con el derecho o con la ley, sino con la venganza y el castigo por encima de la ley. Esta decisión estaba escrita ya cuando se decidió que no tenía que ver la calle».
GOBIERNO VASCO: «El Gobierno Vasco no comparte la decisión de la Audiencia Nacional y considera que es una actuación más en la carrera de despropósito judicial a la que estamos asistiendo en las últimas semanas. Es más conveniente y racional la propuesta de la Fiscalía de atenuar la prisión. Al margen de la consideración ética y moral que cada uno pueda tener de los hechos que cometió, la pena supone una desproporción».