Mucha gente ya sabe lo que está ocurriendo con el llamado «juez estrella» Garzón. Ahora está imputado por la ultraderechista «Falange» por tratar de investigar los crímenes del franquismo. Yo parto de una base: lo que ocurre con ese Juez ocurre porque todavía el franquismo manda mucho en España, así de sencillo. El franquismo dejó «atado y bien atado» todo el después de Franco. Y asi de atado sigue en muchos aspectos. Hoy todavía, las grandes riquezas fueron realizadas durante esa época dictatorial, hay políticos (que mandan mucho), que provienen de esa misma época. ¿Acaso el PP ha condenado el franquismo?, ¿Y la Falange?… Por supuesto, en estos casos no hay Ley de Partidos que castigue a esos partidos que no condenan el genocidio del golpe militar del 36 y de la represión posterior, por muchas decenas de miles de personas que murieran fusiladas, sin garantías judiciales ni nada parecido.
Garzón ha sido, y es, un juez «televisivo». Probablemente un juez brillante, intelectualmente hablando, pero sobre todo notorio. Todo lo que Garzón hacía, era digno de primera noticia en la televisión. Sus devaneos políticos con el PSOE, el GAL, ETA, narcotraficantes, Pinochet….y ahora el franquismo.
Seguro que habéis recibido muchos mensajes (de amigos de izquierdas sobre todo) pidiendo solidaridad con el juez en estos momentos en que, por tratar de investigar los crímenes del franquismo, está en la picota de ser deshabilitado y condenado. Yo no he seguido esos mensajes. Y no lo he hecho porque Garzón podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho. Por las libertades de todas las personas desde su privilegiada posición. Podía haber modificado la audiencia nacional, ese tribunal «político» creado en España para casos concretos que todos sabemos.
Pero, y a esto me quiero referir ahora, podía haber muchísimo para eliminar la tortura, o la posibilidad de que haya tortura, en las comisarías. Y no lo ha hecho.
Os quiero por ello poner (resumidos), dos comunicados de diferentes grupos sobre este tema, son gente que sabe muchísimo más que yo así que sus palabras textuales son más importantes que mis impresiones personales, ¿verdad?
El primero está firmado por diferentes grupos andaluces, vascos y catalanes que trabajan contra la tortura. En él explican como Mayor Zaragoza y Garzón, en una conferencia en Caracas, explicaban que en España existía la figura de la «incomunicación» de detenidos en el marco de investigaciones criminales y Garzón decía que «Para nosotros es básica la incomunicación en los primeros días de reclusión de un terrorista, de un narcotraficante o de un individuo que pertenece a una organización criminal». Desde hace mucho tiempo, las organizaciones contra la tortura han denunciado la aplicación de la «incomunicación» en España, dado que es una medida creada casi exclusivamente contra la disidencia política, armada o no armada. Si un sospechoso de «terrorismo» está hasta cinco días en dependencias policiales sin poder tomar contacto con abogados ni familiares, eso podria permitir a la policía recoger información con métodos de tortura, sea verdadera o no esa información.
Sin ir más lejos, en abril de este año el Relator Especial en la cuestión de la tortura de la ONU, Theo Van Boven, y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), consideraron que el Estado Español no ofrece garantías suficientes contra la tortura en dependencias policiales. En este sentido se mostraron contundentes respecto a la incomunicación, sobre la que opinaron que debería establecerse la ilegalidad de la incomunicación y poner en libertad sin dilación a los incomunicados. Consideraron que los interrogatorios deberían grabarse preferentemente en vídeo y que no deberían admitirse pruebas obtenidas en interrogatorios que no han sido grabados. Y Garzón…alababa esa incomunicación. (Información ampliada sobre este tema se puede encontrar en la web vasca del Grupo Contra la Tortura: www.stoptortura.org)
También con Garzón, ahora que está tan de actualidad la absolución de los directivos del periódico en lengua vasca Egunkaria, se cerró otro periódico, EGIN, en 1998, con muchas similitudes entre ambos procesos. Ahaztuak 1936-1977 , un aorganización que trabaja por investigar los crímenes del franquismo y resarcir a sus víctimas, opinaba que la decisión de juzgar al juez Garzón por prevaricación cometida, según sus acusadores, a través de su auto judicial es hasta el momento el último capítulo de un esperpento que hace posible que la Falange -el partido ideológico único del franquismo precisamente- sea quien acuse a quien refleja de alguna forma esos crímenes y la posibilidad de investigarlos y que por ello «lo que esta ocurriendo con el juez Baltasar Garzón es una muestra más de la realidad del modelo español de impunidad, de su existencia, de su vigencia y de su operatividad práctica».
Otras organizaciones de Derechos Humanos (- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA , – Asociación de Juristas Andaluces 17 de Marzo, – Asociación de Solidaridad y Apoyo a los Presos de Aragón, – Acció dels Cristians per l´Abolició de la Tortura -ACAT – Catalunya, – Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona, – Memoria Contra la Tortura – Catalunya, – Asociación de Abogados Vascos –Eskubideak – Euskal Herria, – Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Behatokia – Euskal Herria, – Salhaketa Bizkaia – Euskal Herria, – Torturaren Aurkako Taldea – TAT – Euskal Herria, – Asociación Libre de Abogados – Madrid, – Centro de Documentación contra la Tortura – Madrid y – Centro de Asesoría y Estudios Sociales- CAES – Madrid) exponen, en un escrito presentado, que no es Garzón precisamente el más adecuado para denunciar y ser guionista (se refieren a l programa de «La 2», un documental titulado «El alma de los verdugos” codirigido y copresentado por Garzón), puesto que si bien el programa habla, muy bien, de lo que debemos a quienes durante tantos años han buscado y buscan el reconocimiento y la reparación de los cientos de víctimas que sufrieron las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones…en Argentina, Chile u otros países de Latinoamérica entre los años setenta y ochenta….., sin embargo, en España no se cita , y es que la impunidad de los torturadores no es algo que afectara sólo a las dictaduras del Cono Sur americano sino también al Estado español. Y no lo digo yo ni las citadas asociaciones, sino que lo dicen las recomendaciones reiteradas por el Comité para la Prevención de la Tortura y del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, del Comité de Derechos Humanos, del Comité Contra la Tortura y del Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, así como de organismos no gubernamentales de la talla de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Organización Mundial Contra la Tortura que denuncian un sistema que facilita o ampara la existencia de un cuadro grave de torturas en el Estado español donde, según denuncian las asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito, en lo que llevamos de siglo XXI se estarían produciendo más de 700 casos anuales de denuncias de torturas y malos tratos que afectarían a personas de todo tipo y condición.
Y citan un caso: «En vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona se desarrolló en Catalunya la llamada «Operación Garzón» que se saldó con la detención por parte de la Guardia Civil de una treintena de personas, la mayoría de ellas vinculadas al movimiento independentista catalán. Muchos de los arrestados denunciaron haber sido sometidos durante los interrogatorios a torturas como la bolsa, golpes por todo el cuerpo, electrodos, dificultar el sueño, amenazas y simulacros de ejecución. Algunos intentaron suicidarse. El caso fue resuelto 12 años después en sentencia de 2 de noviembre de 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que señaló que tenía la convicción de que la investigación de las denuncias no hubiera sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias» de los tratados internacionales. Y esto implicaba también a Baltasar Garzón que, según los demandantes, «tras las denuncias formuladas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, debieron ser sometidos a un reconocimiento médico profundo. Dicho juzgado se limitó a solicitar a la médico forense, L. L. G., un simple informe, y no un verdadero dictamen pericial sobre los malos tratos alegados». Además, la sentencia constata que «el 20 de mayo de 1997 -casi cinco años después de la denuncia- la Audiencia Nacional no había dado curso a la decisión de remitir a los tribunales competentes las alegaciones de malos tratos». Por todo ello, el Gobierno fue condenado a indemnizar a los recurrentes.
Y hay más casos concretos como este en los tibunales europeos de derechos humanos. Algo tan sencillo como poner unas cámaras de vídeo en las comisarías y calabozos tal y como demandan las comisiones internacionales…. Pero no s eha hecho, ni con Garzón, ni sin él. Lo que destaca y solicita en América…se olvida en España, hasta que ha lelgado esto del franquismo.
Por supuesto que me gustaría que Garzón saliera libre por completo de este esperpéntico jucio contra él, pero ójala sea para que ponga orden en todo eso que comentaba y transcribía antes.
Mas documentos: Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura y otras muchas firmas (Ramom Lôpez-Suevos Fernándes y Elvira Souto (Esculca-Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramón Piqué (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT-Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa -Araba), Carlos Hernández (Salhaketa -Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universidad de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos) escribían, (lo resumo) también sobre el tema:
«No es baladí apuntar que en su actuación [Garzón] ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz. […] hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia. [….]Paradójicamente, es ahora víctima de una politización de la justicia que también con él se dio. Pero es que, además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias organizaciones, con el apelativo de «defensor de derechos humanos» sin repasar su currículum al respecto. No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia más envene- nada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP -Tribunal de Orden Público-. Más aún, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regímenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin. No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su pre- ocupación al respecto. No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el Comité contra la Tortura -CAT- o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado. No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT «detallado y coherente» y que reprochaba al Juzgado nº 5 que no adoptó medidas «repetidamente recomendadas por el CPT» para evitarlas.
Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada «Operación Garzón» durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales». […] Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia»
Y hablando de incomunciación, ayer se produjo una redada contra ciudadanos vasos, algunos abogados, a los que se les acusa de colaboración o pertenencia a ETA. Aparecía en el Gara (eso no lo dicen en los inmensos titulares de los noticieros) que dos de los detenidos, Erramun Landa y Saioa Agirre han sido trasladados esta madrugada a Urgencias del Hospital de Basurto, según ha podido saber GARA. Sin embargo nada sabemos de ellos ni el porqué de ese traslado, o si están heridos o no….puesto que ambos siguen incomunicados. La mayoría de los detenidos son en esta redada, que aún continuaba, son ex presos políticos vascos, familiares de presos y abogados de los mismos. Eso ya es muy preocupante saberlo porque, aún estando en secreeto de sumario, siendo inocentes mientras no se demuestre lo contrario, ya el ministro de Interior habló ayer para plasmar graves acusaciones (cómo me suena a la forma de trabajar de los minsitros del PP en el caso egunkaria!) contra ellos en términos como estso: «hace mucho que las Fuerzas de Seguridad sospechaban de que algunos abogados de ETA no sólo hacían de abogados, sino que utilizaban su posición de abogados para otras tareas que excedían de su papel de abogados». o que eran «abogados a tiempo parcial. Dedicaban una parte a ser letrados y otra a ser enviados de ETA, encargados de ETA de hacer algunas cosas». y les acusa (vuelvo a repetir que son presuntos y está bajo secreto de sumario) de que estas personas son «correa de transmisión de las instrucciones de ETA en las cárceles», de «gestionar las huidas de miembros de la banda de la Justicia», que «intermediaban en el pago de extorsiones», que «captaban militantes y les marcaban citas, generalmente en Francia», y que «recopilaban información sobre posibles víctimas y atentados».
Acusaciones muy graves que jamás un ministro democrático, sin juicios, bajo secreto sumarial, debiera decir de unos ciudadanos no condenados por nada todavía. Y si luego salen libres, como ha pasado tantas veces…
¿qué se dirá de estas declaraciones de todo un ministro?
Por mi parte…reivindico la presuncíon de inocencia de los detenidos . Pensaba que el «Todo es ETA» de la era Aznar, había acabado pero veo que no, que todavía sigue.