Vergüenza de la democracia

COMO era previsible, ayer llovieron los improperios contra la decisión del Ministerio del Interior de aplicar a Iñaki de Juana la medida de prisión atenuada por causa de grave enfermedad. Coincidieron el PP y colectivos satélites en lamentarse como plañideras por «uno de los peores días de la democracia» (PP), «la muerte del Estado de Derecho en España» (Foto Ermua) o «el llanto de las víctimas del terrorismo» (AVT). El Gobierno, concretamente Zapatero, Rubalcaba y Bermejo, estuvieron ayer y seguirán estándolo hasta que se les pase el berrinche, en el ojo del huracán. Poses y arrebatos aparte, conviene hacer una reflexión serena de lo que ha supuesto el que podría denominarse caso De Juana, que tiene por base un problema creado por el propio Gobierno del PSOE, que no supo aguantar la presión del PP y consintió en aquel escándalo para la democracia ideado por el ex ministro pusilánime López Aguilar, comprometido a ‘inventarse algo’ para que el preso vasco siguiera en la cárcel aun después de haber cumplido su condena. Luego vinieron los patéticos pronunciamientos de la Justicia tras echar mano de los dos artículos escritos para Gara por De Juana primero 96 años, luego 12, luego 3, sin olvidar el espectáculo del pleno de la Audiencia Nacional convocado bajo manga para evitar una resolución favorable a la excarcelación del preso, o la manifestación semanal que le dedicaron AVT y PP al Tribunal Supremo por benevolente. Esta cadena de despropósitos de tan baja calidad democrática ha puesto de relieve que la administración de Justicia en el Estado español hay demasiada ideología y muchos favores que pagar. El caso De Juana, ojalá que de momento mitigado, ha sido una vergüenza para la democracia no sólo por los excesos judiciales ya dichos, sino también por ese empeño de la derecha extrema en aplicar la cadena perpetua ilegal como venganza por los múltiples asesinatos atribuidos a De Juana, la utilización de la política penitenciaria como instrumento de guerra que vulnera los derechos de los ciudadanos sea cual sea su situación civil, administrativa, mental o penal. El intento de aplicar a De Juana el derecho penal de autor abochorna a la democracia, como abochornan sus crímenes en nombre de un supuesto pueblo vasco al que no representa.