El rumor extendido a principios de semana se confirmó ayer: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite los recursos de formaciones políticas y plataformas de electores abertzales y progresistas ilegalizadas por el Estado español, store no sólo de Batasuna. La Corte analizará el fondo del litigio en lo relativo a los artículos 10 (derecho a la libertad de expresión) y 11 (derecho a la libertad de reunión y de asociación) de la Convención de Roma. todavía puede faltar hasta1 año y medio para sentencias definitivas y pueden cambiar las cosas pero esto ya es un varapalo para la Justicia politizada española.
Editorial de hoy del Diario GARA:
Sin esperar a la sentencia
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido admitir a trámite las demandas presentadas por los partidos y plataformas a los que en base a la Ley de Partidos se ha impedido participar en las elecciones. Las demandas se refieren a HB, Batasuna, Euskal Herritarrok, Herritarren Zerrenda y AUB (plataformas). Para cuando los demandantes pudieron apelar a Estrasburgo, la política de apartheid inaugurada por el PP y mantenida por el PSOE había impedido a unas candidaturas apoyadas por decenas de miles de ciudadanos vascos concurrir a unas elecciones municipales y forales (2003) y a unos comicios europeos (2004). Esa misma política de exclusión ha impedido desde entonces la presencia normalizada del mismo sector político en las autonómicas de 2005 y en las últimas municipales. Esas dos demandas siguen pendientes de resolución.
La importancia de esta primera decisión del Alto Tribunal se acrecienta cuando en la admisión a trámite remarca su propósito de pronunciarse sobre el fondo de dos de las tres cuestiones esgrimidas por los demandantes. El Tribunal va a analizar las cuestiones clave: si se vulneraron los derechos a la libertad de expresión (10) y a la libertad de reunión y asociación (11).
Habida cuenta de que Estrasburgo sólo acepta estudiar algo más del 1% de las demandas que se le presentan, la primera consideración a hacer es que, a ojos del Alto Tribunal, los representantes legales de esas organizaciones han dotado de base suficiente unas denuncias en las que esgrimían, entre otros argumentos, que la Ley de Partidos se promulgó para proceder a la ilegalización de una opción ideológica concreta.
Hecha esa consideración, se impone una exigencia. El Gobierno del PSOE debe congelar de inmediato la aplicación de la norma, dado que Estrasburgo estima que tiene base una denuncia que afecta a derechos básicos. A su vez, los partidos vascos no deberían esperar meses o años a que Estrasburgo dictamine. Deben revertir de inmediato los efectos de esa ley en las actuales instituciones y ahondar en el compromiso político que impida que haya más elecciones bajo el apartheid.
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